Un funcionario de prisiones recurre su condena por dejar sordo a un preso

ideal.es Agencia EFE
Sevilla, 5 ene (EFE).- Un funcionario de prisiones de Sevilla ha recurrido al Tribunal Supremo contra la sentencia que le impuso un año y medio de cárcel y el pago de 60.242 euros de indemnización por propinar a un preso una “fuerte bofetada” que le perforó el tímpano y le causó una pérdida completa de audición.
El funcionario E.G.V., en un recurso al que ha tenido acceso Efe, sostiene que fue condenado sin pruebas suficientes ya que la sentencia se basó en el testimonio del lesionado, que incurrió en contradicciones, y en la declaración de otro preso que era subordinado suyo.
Entre sus contradicciones, el recurso señala que el preso R.P.A. denunció inicialmente haber recibido un solo golpe, luego tres y finalmente uno solo, aspectos que “lejos de revestir un carácter marginal o tangencial, afectan directamente al contenido nuclear de los hechos enjuiciados”.
El funcionario, de 42 años, fue condenado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla por una agresión ocurrida el 9 de julio de 2006 en la cárcel Sevilla-1, cuando pidió al preso R.P.A. que se dirigiera al módulo de aislamiento.
Una vez allí, cerró la puerta y se produjo entre ambos una “acalorada discusión motivada por unos presuntos comentarios despectivos que circulaban por el centro”, que el funcionario atribuía al preso y que consistían en afirmar que consumía alcohol y drogas en el trabajo.
El procesado propinó al preso “una fuerte bofetada con la mano abierta” en el oído izquierdo, lo que le provocó una perforación del tímpano y una pérdida completa de audición, por lo que fue condenado a un año y medio de cárcel, la misma inhabilitación como funcionario de prisiones y el pago de 59.737 euros por la sordera y otros 505 euros por los días de baja.
El recurso solicita que la indemnización por sordera se rebaje a 11.372 euros pues la pérdida del oído izquierdo debería haberse cruzado con el derecho, del que no existe noticia de perjuicio.
La defensa atribuye la denuncia a la “actitud de abierta hostilidad y animadversión” del preso “hacia los funcionarios del centro penitenciario, a quienes hace colectivamente responsables de una conjura para aplicarle sistemáticamente un cruel protocolo de persecución y acoso”.