30-06-2011 / 19:30 h
La consellera ha anunciado que elaborará un nuevo Plan de Equipamientos Penitenciarios 2011-2018, que podría estar acabado después del verano, en el que repensará o replanteará algunas de las cárceles previstas por el anterior gobierno, aunque ha garantizado que todas las obras ya iniciadas continuarán.
También ha garantizado que se atenderán todas las peticiones de asistencia de justicia gratuita, aunque la partida destinada este año será de 60 millones de euros, un 7,9 % menos, pero con un crédito ampliable por si fuera necesario, según ha explicado Bozal.
La consellera ha remarcado que tiene “una voluntad firme de continuar gestionando desde el ámbito público el sistema de justicia gratuita”, para salir al paso de algunas voces que habían advertido de una posible adjudicación de este servicio a bufetes de abogados.
Las enmiendas a la totalidad al presupuesto presentadas por PSC, ICV-EUiA, ERC y Ciutadans han sido rechazadas por los votos contrarios de CiU y porque el PP se ha abstenido, e incluso la diputada conservadora, María José García Cuevas, ha reconocido que Bozal había hecho “un gran esfuerzo para eliminar los gastos superfluos”.
La consellera se ha quejado de “la herencia recibida” porque, según se ha lamentado, tiene hipotecado el presupuesto del departamento hasta el año 2041 por “la carga que representan las anualidades diferidas de los equipamientos puestos en funcionamiento” por el anterior gobierno autonómico.
El presupuesto de Justicia no prevé el inicio de ningún equipamiento nuevo este año y únicamente acabar el centro penitenciario Puig d’en Basses de Figueres (Girona), que se inaugurará en el primer trimestre de 2012, una vez Salud instale la enfermería del centro, y continuar las obras de construcción de la penitenciaria Mas Enric en El Catllar (Tarragona).
Bozal ha asegurado que no disminuirán el personal de los juzgados, ni de los centros penitenciarios, y mantendrán el mismo número de funcionarios que había en diciembre de 2010, además de garantizar el trabajo de los cerca de 4.000 internos que trabajan en talleres del CIRE (Centro de iniciativas para la reinserción).
Para intentar que no crezca tanto la población reclusa, Bozal ha anunciado que potenciará las medidas alternativas y de medio abierto y se reorganizarán los locales de Justicia en Cataluña para ahorrar en el pago de alquileres.
La diputada del PSC Agnés Pardell ha criticado el presupuesto porque “evidencia que el presidente Artur Mas no tiene a la Justicia entre sus prioridades”, ha reprochado a la consellera no tener una “política a seguir” y ha avisado que si no se ponen en marcha nuevas prisiones se masificarán las cárceles actuales.
Salvador Milà (ICV-EUiA) ha pedido que la Justicia sea considerada como una política social, “igual que enseñanza o sanidad”, y ha denunciado que los números presentados por la consellera no sostienen el anuncio de mantenimiento de servicios, porque la crisis económica y social “hace que sea estratégica la resolución de la conflictividad y que sea lo más rápida posible”.
En este sentido, ha señalado que la crisis ha hecho aumentar los deshaucios, los despidos y las desestructuraciones, lo que conlleva que juzgados y cárceles tengan más trabajo. Milà ha exhibido la fotografía de un cartel colocado en un juzgado de Mataró (Barcelona) en el que los funcionarios denuncian la falta de personal.
El diputado de ERC Pere Aragonés ha lamentado “la pareja de baile” escogida por CiU, en referencia a la abstención del PP, y ha echado en falta que el presupuesto no dedique ningún apartado a la normalización de la lengua catalana en la administración judicial.
Jordi Cañas (Ciutadans) ha defendido que con la crisis económica “es el momento de ampliar, no de recortar, el ámbito judicial y de las prisiones” porque aumenta la criminalidad. “Es como si tuvieramos una pandemia y recortásemos el Departamento de Sanidad”, ha puesto como ejemplo. EFE
