Una mujer prefiere ingresar en prisión a pagar 2.600 euros

La condenada cumplirá una pena de 21 meses por no querer pagar una multa de 2.600 euros

PÚBLICO.ES / EFE Anglesola (Lleida) 09/08/2011 20:09

EFE

¿Ingresaría en prisión antes que pagar una multa? Es más, ¿lo haría por si el objeto de la discordia es una piscina? Núria Roig, vecina de la localidad catalana de Anglesola, lo ha hecho, “por dignidad”, según una familiar suya. Roig ha preferido ingresar en la cárcel para cumplir una pena de 21 meses antes que pagar la multa de 2.600 euros que le impuso la Audiencia de Lleida.

La condenada se encuentra desde ayer recluida en la cárcel de Ponent de Lleida, después de que los Mossos d’Esquadra fueran a buscarla a su casa para hacer efectivo su ingreso en prisión. Mercè Ros, familiar de Roig, ha explicado que la propia afectada se sorprendió ante la llegada de los agentes, aunque ha preferido cumplir la condena de un año y nueve meses de prisión que le ha impuesto el tribunal a pagar la multa. “No ha querido ceder por dignidad”, afirma Ros, que asegura que Roig está “desquiciada” y sufre graves problemas psíquicos a raíz de este conflicto, que se inició hace cinco años.

Roig decidió seguir con su proyecto a pesar de que le denegaron el permiso

Junto a la piscina que ha originado el conflicto, ahora completamente cubierta de grava y arena, Ros explica que se ha cometido “una injusticia grave” con Núria Roig y denuncia que ha sido el “abuso de poder de la alcaldesa” de Anglesola, Rosa Maria Mora (CiU), lo que ha provocado esta situación. La historia se remonta a cinco años atrás, cuando Roig, propietaria de la casa de turismo rural Ca l’Isidre, situada a la entrada de este pequeño municipio de la comarca del Urgell de poco más de un millar de habitantes, decidió construir una piscina en el exterior de la vivienda para poder alquilar el negocio.

En una carta, la propia Roig reconoce que inició las obras de la piscina sin el permiso del consistorio, ya que tenía prisa por tenerla finalizada y poder traspasar el negocio. Sin embargo, el ayuntamiento le envió una notificación denegándole el permiso de construcción, ya que la piscina estaba situada en un terreno no urbanizable en el que en un futuro la Diputación de Lleida debía construir una rotonda.

Roig se puso entonces en contacto con el ente provincial, que le aseguró verbalmente, según Ros, que en aquella zona no tenía previsto construir ninguna rotonda. Roig decidió entonces tirar adelante su proyecto y llenar la piscina de agua, ante lo que la alcaldesa decidió llevar el caso a los tribunales. “En aquel momento era inconsciente de lo que le podía pasar al cabo de los años”, ha señalado Mercè Ros.

La familia de Roig ha acudido al ayuntamiento “a pedir compasión”

En efecto, en abril del pasado año, la Audiencia de Lleida ratificó la sentencia que había dictado previamente un juzgado penal y condenó a Núria Roig a un año y nueve meses de cárcel y al pago de una multa de 2.600 euros por edificar en terreno no urbanizable y desobedecer al ayuntamiento. El tribunal ordenó asimismo el derribo de toda la zona de piscina, incluidas las baldosas del suelo y las farolas.

Roig, que carecía de antecedentes penales y por lo tanto podría haber evitado el ingreso en prisión, ha acabado finalmente en la cárcel al no haber hecho efectivo el pago de los 2.600 euros. “No los ha pagado porque haciéndolo tampoco hubiera solucionado el problema”, ha insistido Ros. Remarca que toda la familia, incluida Núria Roig, ha acudido al ayuntamiento “a pedir compasión” para evitar que el caso acabara así, de la peor manera posible, aunque la alcaldesa se ha negado a mediar y ha optado desde un primer momento por la vía judicial. “Es una actuación indigna de una corporación que se supone que está al servicio del pueblo”, ha subrayado Ros.

En su carta, Núria Roig explica que se siente “engañada, frustrada y hundida”, que su estado de ánimo y psicológico “ha ido empeorando día a día” y que sus fuerzas para seguir luchando “se están acabando”. “Ella siempre había dicho que antes que derribaran la piscina le tenían que cortar las piernas, pero ahora ya la tienen encerrada y lo pueden hacer”, lamenta Ros. La próxima semana, un perito acudirá a la finca para determinar qué es exactamente lo que se debe demoler.

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