El Govern de CiU pretende gravar los litigios con una tasa que se situará entre 60 y 120 euros
Los sindicatos han anunciado nuevas protestas contra la segunda oleada de recortes emprendida por el Govern de Artur Mas. M. A. Torres
25/11/2011 03:41 / DANI CORDERO / BARCELONA
El president de la Generalitat, Artur Mas, sorprendió el martes con su comparecencia anunciando nuevos recortes, pero no lo explicó todo. Su segunda oleada de ajustes para elevar el techo de ingresos de la Generalitat irá más allá de las medidas anunciadas entonces. Y una de las actuaciones que ocultó es su intención de extender el sistema del copago al ámbito de la Justicia, pese a anunciar medidas en el mismo sentido en el caso del gasto farmacéutico. El copago judicial, que complementará a las tasas y tributos dependientes del Estado, será una realidad en el segundo trimestre de 2012 y generará ingresos por más de 25,5 millones de euros.
El Ejecutivo nacionalista ultima la creación de la tasa “para la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia”, que deberán asumir los litigantes. Así figura en el borrador de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2012, a la que ha tenido acceso Público, y que debería dotar de una nueva vía de financiación a unos juzgados exhaustos por el colapso de casos sin resolver y el déficit de recursos humanos y materiales.
La medida está incluida en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos
Así, la nueva tasa gravará la interposición de demandas de toda clase, de recursos de apelación y de casación, así como los recursos presentados en los tribunales de lo contencioso-administrativo. E incluso las fotocopias de los documentos de los expedientes judiciales. Sólo por este último concepto la Generalitat prevé ingresar cerca de 3,4 millones de euros al año.
La Conselleria de Justicia ya había emprendido en los últimos meses controvertidas actuaciones con el objetivo de reducir su gasto, el principal objetivo del Govern de CiU en su primer año de vida. Una muestra de esa política fue la drástica reducción de la remuneración de los abogados que asumen la asistencia jurídica gratuita. También fue un ejemplo la promoción de información para que los reclusos extracomunitarios se animaran a seguir la pena en sus países de origen, con el objetivo de aliviar el coste de la gran comunidad reclusa existente en Catalunya, que satura las prisiones.
Ahora, al dictado de la nueva estrategia de incrementar ingresos, la consellera Pilar Fernández Bozal se ha atrevido a introducir el copago en los tribunales, rechazado de plano por los juristas progresistas. La consellera había advertido de la necesidad de tomar medidas para dar un nuevo brío a la Justicia catalana, pero había apostado más por la reestructuración organizativa que por medidas impositivas. Sin embargo, ahora lo pondrá en marcha con escasas excepciones: las personas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y todas las entidades exentas del impuesto de sociedades. El resto deberán acreditar el pago de la tasa en el momento de la interposición de escritos. El coste será de 60, 90 o 120 euros, según el tipo de procedimiento. La Agència Tributària de Catalunya se encargará de gestionar esos recursos.
