Interior indemnizará con 60000 euros a un funcionario de Tenerife II

«Atrofia de la corteza cerebral» y depresión son dos de las secuelas que sufre el agredido

M. Á. MONTERO / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Día 22/11/2011 – 03.02h

ABC

Interior indemnizará con 60.000 euros a un funcionario de Tenerife II

La entrada al centro penitenciario Tenerife II

«Atrofia de la corteza cerebral, con deterioro de las funciones cerebrales superiores integradas de intensidad moderada, y grave trastorno adaptativo crónico con estado mixto depresivo y ansioso. La ansiedad se acompaña de crisis nocturnas de angustia». Son las secuelas que sufre un funcionario del Centro Penitenciario Tenerife II desde el 23 de julio de 2006, cuando fue agredido por uno de los reclusos, que cumplía pena por un delito de tráfico de drogas. Tras una querella contra la entonces directora de la cárcel, Ana Isabel Serrano, y una primera sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife —a la que seguiría otro pronunciamiento de la Audiencia Nacional—, la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha condenado al Ministerio del Interior a indemnizar con 60.000 euros más intereses al empleado público, quien necesitó de atención médica durante 183 días, tal como consta en la resolución judicial, tomada el pasado 7 de octubre.

Aquel día, el 23 de julio de 2006, poco antes de las cinco de la tarde, el agresor dio un cabezazo en la boca y golpeó al funcionario contra la pared, amén de atacar también a un compañero de este. El relato oficial de los hechos explica que el preso había reclamado sus pertenencias: «Son unos abusadores»; «si no aparecen, las vais a pagar vosotros»; «sois unos hijos de puta», profirió antes de agredir a ambos trabajadores. A consecuencia de la embestida, el empleado público en cuestión sufrió un «hematoma subgaleal de región frontal izquierda» y un «hematoma con herida en mucosa de labio inferior», además de otras heridas. Requirió hospitalización, tratamiento médico y psiquiátrico y los susodichos 183 días de curación, aunque acaso lo peor fuesen las secuelas, entre ellas el deterioro de funciones cerebrales.

El suceso motivó en su día una querella por un presunto delito de prevaricación contra la entonces directora de Tenerife II, Ana Isabel Serrano, quien más tarde sería relevada de su cargo por decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias apenas dos años y medio después de su nombramiento, si bien la determinación del organismo dependiente de Interior no tuvo relación, en principio, con el suceso.

El 31 de mayo de 2007, el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife condenó al recluso a tres años más de prisión por dos delitos de atentado y lesiones y una falta de lesiones y al pago de una indemnización de 63.394 euros. El 5 de mayo de 2008, el Gobierno concedió al agredido la jubilación por incapacidad permanente. El afectado, no obstante, exigió una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, esto es, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, petición que terminó resolviendo la Audiencia Nacional en una segunda sentencia del 17 de febrero de 2010. En ella, el tribunal reconoce el derecho del funcionario a percibir 30.000 euros, una cantidad que quedaba muy lejos de los 600.000 euros que reclamaba por las lesiones y graves secuelas sufridas, motivo este del recurso de casación interpuesto ante el Supremo.

El fin del proceso

Ahora, el Alto Tribunal, en la referida sentencia del pasado 7 de octubre, acuerda anular la resolución de la Audiencia Nacional e incrementa la indemnización a percibir por el agredido, si bien solo hasta 60.000 euros más los intereses a calcular desde la fecha de reclamación, cantidad que choca con las pretensiones del recurrente, quien a raíz de lo sucedido se ha visto abocado a dejar de trabajar.

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