La Fiscalía investiga las protestas de funcionarios que bloquearon prisiones

EFE, Barcelona

La Fiscalía de Barcelona y la de Lleida han abierto sendas diligencias para investigar las protestas de funcionarios de prisiones que en las últimas semanas han bloqueado los accesos a diversas cárceles catalanas, al considerar que los manifestantes pudieron incurrir en delito.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha incoado de oficio una investigación sobre las concentraciones que cercaron las cárceles Modelo de Barcelona y Quatre Camins de La Roca del Vallès (Barcelona) los pasados días 2 de diciembre y 24 de noviembre, respectivamente.

Paralelamente, la delegación del ministerio público en Lleida ha abierto diligencias a raíz de la protesta que funcionarios de prisiones mantuvieron el pasado 7 de diciembre frente a la cárcel de Ponent de la ciudad, que fue desconvocada al cabo de unas horas.

Las concentraciones impidieron el relevo del turno de funcionarios de noche al bloquear los accesos de los trabajadores a la prisión, lo que obligó a mantener en sus celdas a la mayoría de presos y, en el caso de la Modelo, a suspender unos 40 juicios y diligencias a las que debían asistir reclusos de esa cárcel.

La Fiscalía pretende averiguar si los concentrados excedieron el derecho de manifestación al provocar situaciones de riesgo dentro de la prisión y afectaciones a la administración de justicia, por las diligencias judiciales que tuvieron que ser suspendidas debido al bloqueo.

El hecho de que las concentraciones no fueran convocadas oficialmente por los sindicatos ni comunicadas al Departamento de Justicia impidió que se pudieran establecer los servicios mínimos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de las cárceles.

Fuentes judiciales consultadas por Efe han señalado que los delitos que podrían imputarse a los participantes en las protestas van desde el 409 del Código Penal, que castiga a los funcionarios que organicen el abandono colectivo e ilegal de un servicio público, hasta el de sedición.

Precisamente, ese espectro delictivo es el que se barajó en el caso de los controladores aéreos que durante el puente de la Constitución de año pasado secundaron el plante que provocó el cierre del espacio aéreo español y dejó en tierra a más de 600.000 pasajeros.

La investigación sobre la actuación del personal de prisiones, que como en el caso de los controladores carece de precedentes jurídicos, tratará de delimitar la responsabilidad de los manifestantes que secundaron las concentraciones y la de los funcionarios que no pudieron entrar en la cárcel por estar los accesos bloqueados.

Por ese motivo, en la investigación resultará clave aclarar el papel de los funcionarios que debían entrar a trabajar en el turno de día, para averiguar si desistieron de hacerlo debido al bloqueo y las coacciones ejercidas por los manifestantes o si, por el contrario, se sumaron voluntariamente a la protesta.

El Departamento de Justicia alertó de que las concentraciones pusieron en peligro la seguridad de los reclusos y de los propios funcionarios del turno de noche encargados de controlar la cárcel, y anunció que abriría expedientes disciplinarios a los manifestantes.

En el caso más grave de la Modelo, donde la concentración acabó siendo dispersada con una carga policial, el director general de Servicios Penitenciarios, Ramon Parés, avisó de que la protesta había llevado a la prisión a una “situación límite” que pudo haber derivado en la pérdida de vidas humanas.

De hecho, la movilización de funcionarios frente a la cárcel Modelo obligó a mantener encerrados en sus celdas a los reclusos y a anular las visitas que tenían programadas, lo que desencadenó algunos momentos de tensión, como cuando algunos internos empezaron a tirar papeles ardiendo por las ventanas y a golpear las puertas de sus habitáculos.

Esta protesta frente a la cárcel de Barcelona, una de las más masificadas de Cataluña, motivó también que los representantes de la Generalitat se levantaran de la mesa negociadora que mantenían con los sindicatos para tratar sobre los nuevos recortes salariales a los funcionarios.

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