La Generalitat convoca de urgencia a los sindicatos para que no la lleven a los tribunales

Antonio Fernández 16/12/2011 (06:00h) elconfidencial.com

La Generalitat convoca de urgencia a los sindicatos para que no la lleven a los tribunales

foto: Efe

Alarma en el Gobierno catalán. La administración convocó ayer a última hora de la tarde una reunión extraordinaria para hoy por la mañana con los sindicatos con el objetivo de paralizar la interposición de una demanda judicial contra el anuncio que hicieron el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, y el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo catalán aplace unas semanas el 20% de la paga extraordinaria de los empleados públicos y de retrasar, al mismo tiempo, el pago a algunos proveedores.

El anuncio que ayer hicieron Homs y Mas-Colell enervó a los sindicatos. Tanto que resolvieron dar de beber a la Generalitat de su propia medicina. Es decir, Artur Mas ha decidido interponer una demanda judicial contra el Gobierno español para reclamar 759 millones que le corresponden de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Los sindicatos no perdieron comba y pusieron el asunto en manos de sus abogados para llevarle a él a los tribunales porque no paga unos salarios que ya tenía, presuntamente, consignados en los presupuestos de este año. “Si el Gobierno catalán lleva a los tribunales al Gobierno español porque no paga, ¿porqué los empleados públicos catalanes no pueden llevar a la Generalitat a los tribunales porque no les paga a ellos?”, razona un dirigente sindical en declaraciones a El Confidencial.

“Sabemos que será una cuestión lenta, pero ganaremos ante la justicia. Si lo hacen efectivo, nos presentamos en el juzgado a los cinco minutos”, señalan otras fuentes sindicales a este diario. Los sindicatos sólo esperan que el Gobierno ponga un papel oficial encima de la mesa conforme quieren aplazar las sueldos para acudir a los tribunales. Hasta entonces, jurídicamente, los sindicatos no pueden denunciar a pesar de fundadas sospechas que puedan tener o incluso por las declaraciones del portavoz y del consejero de Economía. “Hasta que no se haga efectivo, no podemos presentar denuncia”, argumentan fuentes jurídicas sindicales a este diario.

“Estamos abiertos a las propuestas que nos pueda plantear la Administración, pero no pueden pretender que nos pleguemos a unos recortes que sabemos que no pueden producirse, porque estaban presupuestados y sus partidas, por tanto, están consignadas. Aquí están jugando políticamente con la cuestión de que ‘si Madrid no paga, a nosotros no nos pagan’. Pero lo que Madrid debe no es de sueldos de los empleados públicos, que ya estaban integrados en los presupuestos aprobados en junio para este año. Es más, las partidas que debe pagar Madrid de la disposición adicional tercera del Estatuto, son de infraestructuras. Por lo tanto, su pago o impago no debe afectar a los salarios de los funcionarios”, señalan a El Confidencial las mismas fuentes.

Rechazo de los partidos políticos

Los partidos políticos tampoco están por la labor. Los socialistas, que apoyan las acciones judiciales de la Generalitat contra el Gobierno de Madrid (en realidad, son apoyadas por todos los partidos del arco parlamentario excepto por PP y Ciutadans), no se creen lo que consideran una pataleta. “Vincular un problema concreto [el impago de la disposición adicional tercera] con las pagas complementarias es un poco fuerte y convendría que fuese explicado de forma más entendible, extensa y transparente, para que no hubiese duda de que no es una medida de fuerza, sino la única medida posible”, dijo ayer Joaquim Nadal, presidente del grupo parlamentario socialista. Nadal añadió que “nos parece excesivo y exagerado y sólo justificable si tuviese como razón de ser el crear alarma y provocar inestabilidad a muchas familias”.

“Artur Mas juega con el desconocimiento de la gente, apoyado por la prensa amiga”, dicen a este diario fuentes del Partido Popular. El portavoz popular en el Parlamento autonómico, Enric Millo, por su parte, arremetió ayer contra el anuncio de Homs y Mas-Colell. “Es inadmisible que el Gobierno de la Generalitat insinúe un anuncio de suspensión de pagos. Es inaceptable querer enmascarar los errores cometidos enla ineficiente planificación de la tesorería mezclando la disposición adicional tercera con el impago a proveedores y el aplazamiento del cobro de los sueldos de los funcionarios”.

Ciutadans, que ya había acusado al ejecutivo catalán de mal administrador, volvió también ayer a la carga, tras el anuncio del Gobierno. Su portavoz, Jordi Cañas, calificó la comparecencia de Homs y de Mas-Colell de “una nueva escenificación de su estrategia de confusión, alarma y mentira. Mienten con la intención de generar una coartada para ocultar su negligencia sobre la gestión de las finanzas públicas. Se han instalado en la mentira”. Para Ciutadans, lo mismo que para el PP, el dinero que reclaman “no tendría que afectar a los pagos a proveedores ni a los salarios de los empleados, ya que se refiere sólo a una partida de infraestructuras, por lo que no puede ser utilizado para otra cosa”.

Solidaritat Catalana per la Independència (SI), por su parte, pidió a Mas que, en vez de aplazar pagos, retenga las recaudaciones de impuestos que debe liquidar al Gobierno español. “Si ellos no pagan, que no esperen que se les pague”, subrayan. Esta tesis es también apoyada por ICV. su líder, Joan Herrera, pidió ayer “que no paguen justos por pecadores. Quien incumple es el Estado y quien paga son los empleados públicos. ¿No seria más razonable que cualquier medida afectase a quien está incumpliendo y no a quien cumple?”. Por ello, pidió que posponga el pago de la recaudación de la Seguridad Social y del IRPF al Estado en vez de aplazar los pagos de nóminas y a los proveedores.

En esta apreciación coincide también la portavoz republicana, Anna Simó. “Que no haga pagar en la espalda de los trabajadores públicos, proveedores y contribuyentes, que lo haga en aquéllos que son morosos de un Fondo de Competitividad y de la disposición adicional tercera”. Simó enfatizó también que “lo que ha hecho el Gobierno del PSOE es un acto de chapuza política, de deslealtad institucional y de incumplimiento flagrante del Estatuto, de la Ley de Presupuestos Generales 2001 y de los acuerdos bilaterales; es irresponsable, de ligereza política y de falta de rigor el hecho de centrifugar el déficit hacia las comunidades autónomas”.

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