Las macrocárceles vascas, condenadas al fracaso

EL ‘FIASCO’ DE ZABALLA, LA PARALIZACIÓN DE ZUBIETA Y LA NECESIDAD DE APLAZAR LA INAUGURACIÓN DE SOLTXATE EVIDENCIAN EL DESCALABRO DE LOS PLANES DE INTERIOR

CONCHA LAGO – Sábado, 10 de Marzo de 2012 deia.com

Vista de uno de los corredores de Zaballa.

Vista de uno de los corredores de Zaballa. (Alex Larretxi)

BILBAO

EL modelo penitenciario vasco se ha agotado con unas infraestructuras obsoletas y con más presos que plazas. Sin embargo, no parece haber recambio y la ambiciosa reforma impulsada desde Madrid para Euskadi con su plan de macrocárceles hace aguas. La cárcel de Zaballa, en Araba, que venía a inaugurar la era de los penales de última generación, ya ha sido tildada de fracaso a solo tres meses de su apertura. El proyecto para la prisión de Zubieta, en Donostia, acaba de ser paralizado por el Ejecutivo del PP, y el PNV ha conseguido detener la construcción del centro de inserción de Leioa, que concitaba el rechazo de toda la localidad. No están mejor las cosas en Iruñea, cuya nueva cárcel, ya ejecutada, tendrá que postergar su inauguración por la falta de funcionarios.

Sin ningún plan B, la política de infraestructuras que iba a acometer el Ministerio de Interior, ha dado un parón en seco y el modelo penitenciario se ha caído con todo el equipo. Las denominadas ciudades penitenciarias están sumidas en el descalabro. La reciente noticia de la paralización de la prisión de Zubieta -que suponía la alternativa a las instalaciones desfasadas de Martutene y debía estar operativa en 2014-, cayó como un jarro de agua fría. La decisión no solo pone en cuestión el dotar a Gipuzkoa de un nuevo centro penitenciario de 504 plazas, una vez reconocido que Martutene es una de las cárceles del Estado en peores condiciones, sino el desarrollo del mayor polígono industrial de Donostia y de un potente núcleo residencial.

Pero los problemas para Instituciones Penitenciarias crecen y, días antes, la asociación de ayuda a los presos, Salhaketa, denunciaba en un crítico informe las graves deficiencias del nuevo centro penitenciario de Zaballa. Así, por ejemplo, a pesar de haber espacio suficiente, las celdas están ocupadas por dos personas “para facilitar el trabajo de vigilancia”. Para la asociación, “prima la obsesión por la seguridad con la presencia de cámaras de televisión en todas partes y la actividad se centra en los módulos -visitas médicas, educadores, voluntarios- con lo que las personas sin destino no salen del módulo”. También se quejan de que ha disminuido el contacto entre los internos y los funcionarios, del inexistente transporte público, de la falta de talleres ocupacionales y de actividades socio-culturales.

MASIFICACIÓN DE INTERNOS

El hacinamiento, convertido en un problema crónico

Las denuncias no hacen sino evidenciar una caótica realidad que ha subrayado reiteradamente la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato con mayor relevancia entre los funcionarios de prisiones, que critican unas condiciones de trabajo pésimas en unas infraestructuras cada vez más deterioradas. También lo puso en evidencia la anterior directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que constató que las instalaciones vascas eran “inadecuadas y obsoletas”. El Ararteko, Iñigo Lamarca, fue aún más allá y recogió en un informe innumerables deficiencias como el mal estado de las cubiertas, las deplorables condiciones de las ventanas, la suciedad o el mobiliario roto.

Y es que el hacinamiento se ha cronificado en las prisiones de Euskadi que sufren, desde hace tiempo, un serio problema de masificación, con algunas de las tasas de ocupación más altas de toda la Península, ya que permanecen recluidas más de 1.500 personas en centros con capacidad para mil plazas. Así, por ejemplo, Basauri, con 88 celdas funcionales, cuenta con alrededor de 360 presos y una saturación del 407%, lo que supone que en cada estancia hay que confinar a cuatro personas.

Este dígito se ve reducido a tres en el caso de Martutene, ya que dispone de 118 dependencias para una media de 370 (309% de hacinamiento). Nanclares era, hasta ahora, el centro penitenciario que mejores estadísticas ofrecía, con 469 celdas para una ocupación media de 750 reclusos (161% de sobreocupación).

Ni siquiera los centros de inserción se salvan de la quema. A iniciativa del PNV, el nuevo Gobierno del Partido Popular acordó el mes pasado en el Congreso paralizar el centro para presos en régimen abierto cuyas obras ya estaban en proceso de adjudicación en Leioa. El PNV criticó que la decisión de construir esta infraestructura no fuera consultada con el propio ayuntamiento, que se enteró de esta iniciativa al observar que se pedía la exención de la plusvalía de edificar un centro de este tipo.

EL ‘SINSENTIDO’ DE SOLTXATE

Triple de capacidad con los mismos funcionarios

También está siendo muy cuestionada la nueva cárcel de Soltxate, en Iruñea. La apertura de la moderna penitenciaría tampoco será ajena a la crisis económica. La escasez de funcionarios ha llevado a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a plantear el estreno del nuevo centro -que triplica la capacidad del actual-, con la plantilla actual que trabaja en la cárcel del barrio de San Juan, reforzada con funcionarios en prácticas. Esta circunstancia obligará a realizar una inauguración gradual de las instalaciones, que se acompasará con la llegada de los reclusos que, en cualquier caso, se retrasará hasta el segundo trimestre del año.

Actualmente en la cárcel de Iruñea hay 240 personas presas y las asociaciones que trabajan con ellas están colapsadas. En la nueva macrocárcel está previsto que se encierre a 1.200 personas, que serán atendidas con los mismos recursos que se emplean actualmente. “Nadie ha planteado un aumento de la red de inserción ni se ha manifestado al respecto”, afirma Libertad Francés, coordinadora de Salhaketa-Nafarroa, firme detractora de estos supercentros. “La creación de este tipo de macrocárceles supone un atentado mayor a la dignidad de las personas, porque se prima la seguridad, se contribuye a que las personas presas sean trasladadas de un centro a otro, lo que supone un desarraigo en el ámbito social y respecto a sus familias y se descuida su inserción”, subraya Francés.

Al igual que en Iruñea, el complejo de Zubieta estaba concebido bajo el prisma de una miniciudad -de hecho, el proyecto hablaba de una zona residencial-, donde la vida se desarrolla en privación de libertad pero a semejanza de un municipio, según los cánones que rigen ahora la construcción de este tipo de centros. Sin embargo, muchos colectivos llevan años oponiéndose a estas macroestructuras con más sitio y más medios para solucionar los problemas de seguridad, pero totalmente alejadas del objetivo de reinserción. “Más plazas penitenciarias significa más capacidad para encerrar personas y para encerrarlas por más tiempo”, acusan.

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