Bozal ve lejana la propuesta de Puig de ceder la vigilancia de las cárceles a empresas privadas

La consellera de Justicia cree que se deben estudiar las consecuencias de la decisión en los ámbitos de competencias y economía antes de dar luz verde al proyecto

Política | 18/03/2012 – 14:32h lavanguardia.com

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal ACN / Pol Solà

Barcelona (ACN).- La consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, considera que la contratación de seguridad privada para vigilar el perímetro de las cárceles catalanas será imposible “ni de manera inmediata ni a medio plazo” porque se necesitan cambios legislativos y se debe analizar el impacto económico.

Bozal ha explicado en una entrevista a ACN que la propuesta del conseller de Interior, Felip Puig, se está estudiando entre los dos departamentos “con mucho cuidado” desde hace tiempo, tanto por los cambios legislativos, como por los temas competenciales y presupuestarios.

Según afirmó, se debe valorar “con mucho cuidado” el impacto sobre la seguridad y el impacto económico, ya que actualmente el sueldo de los 500 mossos que patrullan alrededor de las cárceles lo paga Interior, y habría que discutir cuál de los dos departamentos paga a las empresas de seguridad privada. Bozal ha recordado que para aplicar esta medida son necesarios cambios legislativos, incluso a nivel estatal, porque la Generalitat solo tiene competencias ejecutivas en materia de prisiones. Por ello, cree que no puede ser de aplicación inmediata: “No pienso que se pueda llevar a cabo ni de forma inmediata ni a medio plazo, se debe estudiar con mucho cuidado por un tema económico y también de seguridad y competencial “.

Por otra parte, la consejera ha expresado su deseo de que el conocimiento de la lengua catalana sea un “requisito” para los jueces y fiscales que ejerzan en Catalunya. Actualmente es sólo un mérito, y el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, ya dijo hace unos días que seguiría siendo así. Por ello, Bozal dice que cuenta con la sensibilidad de los jueces para que los ciudadanos puedan expresarse en su lengua propia.

También pide un “pequeño esfuerzo” a los abogados para que utilicen el catalán en la lengua de sus clientes y no presenten los escritos en castellano por “inercia”. Actualmente sólo el 18% de las sentencias se escriben en catalán.

Bozal ha admitido que el porcentaje está estancado desde hace tiempo y que por eso se ponen herramientas tecnológicas al alcance de los nuevos jueces que llegan a Catalunya para que entiendan el catalán e intentan sensibilizarlos.

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