Sindicatos avisan sobre costes sociales y laborales de cerrar centros menores

25-05-2012 / 15:50 h EFE

Los sindicatos de funcionarios de prisiones han advertido hoy que cerrar los centros de menores de Els Til·lers y Montilivi, como pretende el departamento de Justicia, afectará a 122 trabajadores de la Generalitat y a 90 de empresas externas y dejará en situación de desamparo a los internos.

En una comunicado, los sindicatos CATAC, UGT, CCOO y CSI-F han cargado contra la decisión del departamento de Justicia de cerrar a partir del próximo mes de junio los centros de justicia juvenil de Els Til·lers, en Mollet del Vallès (Barcelona), y Montilivi, en Girona.

Con esta medida, Justicia pretende reagrupar a los menores y racionalizar costes, ya que el centro de Els Til·lers tiene un coste de mantenimiento anual de 6 millones de euros y el de Montilivi de 4 millones.

Actualmente, en el centro de Els Til·lers hay 49 menores -de 73 plazas disponibles-, mientras que en Montilivi hay 25 menores -frente a las 43 plazas-, según los datos de la conselleria de Justicia.

La intención de Justicia es que estos 74 menores sean redistribuidos en los centros de menores de L’Alzina, en Palau de Plegamans (Barcelona), Can Llupià, en Barcelona, y Segre, en Lleida, donde se han habilitado 75 plazas usando espacios existentes.

Según los sindicatos, el cierre de ambos centros afectará a 122 trabajadores de la Generalitat -73 en Els Til·lers y 49 en Montilivi- y también a 90 trabajadores de empresas externas, dedicadas a labores de vigilancia, limpieza, cocina y sanidad, entre otras.

Para los sindicatos, el cierre de ambos centros es una medida “precipitada”, acordada sin ningún estudio previo sobre el impacto ni las consecuencias que puede acarrear, por lo que han reclamado que se posponga cualquier decisión al menos hasta fin de año, para poder reubicar a todo el personal.

El cierre de ambos centros también supondrá la “defunción” del modelo actual para que estos espacios cumplan con su papel educativo, ya que habrá más concentración de menores, con lo que podrían aumentar los conflictos internos.

Por todo ello, los sindicatos han denunciado que el cierre de ambos centros es una medida “injusta y profundamente antisocial”, ya que deja “desamparados” a los jóvenes, que necesitan medidas de internamiento por su rehabilitación y reinserción, y además puede llevar al paro a trabajadores que han demostrado durante años “su valía y su implicación en el proyecto”.

abc.es

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