Entidades de reinserción alertan que crecerá un 12% la reincidencia de presos

Barcelona, 30 may (EFE).- Las 35 entidades sociales que trabajan en programas de reinserción en las prisiones catalanas han denunciado hoy que el Departamento de Justicia les ha comunicado el fin de todas las subvenciones a partir del 1 de junio, lo que, a su juicio, supondrá que la reincidencia crecerá entre un 10 y un 12%.

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El representante de la Mesa de Participación Social (TPS), Miquel Pongiluppi, ha explicado en rueda de prensa que las entidades sociales que llevan a cabo programas de reinserción social atendieron el año pasado a 6.363 reclusos, y que el departamento de Justicia tampoco les ha garantizado el pago de los servicios prestados desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo.

“Con la supresión de todas las ayudas a estas entidades, hemos tocado hueso, se abandona a las personas en su reinserción y se abandona a las entidades. No es que se recorte, es que se elimina, ¿cómo recuperaremos esto?”, se ha preguntado la presidenta de la Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña, Àngels Guiteras.

El recorte total de las subvenciones para las entidades de la reinserción de presos, que en 2010 fueron de 2,2 millones de euros anuales, equivale al regreso de las cárceles “a ser fábricas más eficientes de criminalidad o almacenes de delincuentes, y eso la sociedad no se lo puede permitir”, ha dicho Guiteras.

A partir de este viernes, 184 voluntarios vinculados directamente a los programas afectados de reinserción en las cárceles tendrán que dedicarse a otras tareas de voluntariado.

Unos 800 voluntarios trabajan actualmente en los 11 centros penitenciarios catalanes, que albergan a 10.300 presos.

Las entidades sociales acogieron el año pasado a 640 reclusos en pisos con educadores para ayudarles en la reinserción al salir de la prisión, a 2.369 les brindaron atención especializada o tratamientos en salud mental, deshabituación de drogas o programas de Sida, 1.271 aprendieron a usar ordenadores, 1.725 estuvieron en programas de deportes y apoyo social y 358 tuvieron medidas penales alternativas.

Pongiluppi ha explicado que la supresión de todos estos programas de las entidades, algunas de las cuales cerrarán o bien buscarán financiación alternativa en base a donaciones, tendrá un coste mayor para las arcas públicas y un aumento de la inseguridad ciudadana.

Cada año salen de la prisión 2.300 internos, de los que aproximadamente un 40% reinciden, es decir, 920 vuelven a ingresar en la cárcel.

Los programas de reinserción de las entidades habían conseguido reducir la cifra de reincidencia entre un 10 y un 12 %, lo que equivale a que 280 presos dejaban de reingresar en prisión.

Como el coste anual de cada interno es de 30.000 euros, si los 280 presos vuelven a delinquir, ello tendrá un coste de 8,4 millones de euros anuales para la administración, “cuatro veces más de los que pretende ahorrarse”, ha explicado Pongiluppi.

El representante de la TPS ha recordado que en noviembre ya habían aceptado un recorte del 50 % de las subvenciones, hasta 1,1 millones, y que en abril la consellera de Justicia les informó de que el recorte sería del 75 %, hasta que hace pocos días les comunicó que será del 100 % y se hará efectivo a partir del 1 de junio.

La supresión de los convenios con las entidades supondrá además que los voluntarios que trabajan en las prisiones tendrán ahora que solicitar con dos semanas de antelación permiso para entrar en ellas, cuando ahora están acreditados permanentemente para poder hacerlo en determinadas horas.

Las entidades consideran que esta eliminación de ayudas “supone la destrucción de la política pública de rehabilitación y reinserción”, por lo que la presidenta de la Mesa del Tercer Sector ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la presidenta del Parlament y exconsellera de Justicia, Núria de Gispert, y a la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, pidiendo que el Govern encuentre una solución, dé continuidad a los servicios más esenciales y abone a las entidades el coste de los servicios prestados entre el 1 de enero y el 31 de mayo.

eleconomista.es

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