Estimados Compañer@s:
El pasado día 21 de Junio, mantuvimos la primera reunión de toma de contacto con el Director General de los Servicios Penitenciarios Ramón Parés. A dicha reunión asistimos Jose Ramón López (Presidente de Acaip), Ignacio Hernández (Secretario General de Organización de Acaip), y el compañero que se hará cargo de la implantación del sindicato Acaip en Cataluña, Gregorio Sanz (CPHB).
En esta reunión además de tratar algunos temas que entendemos de especial importancia, informamos al Director general de nuestra intención de visitar la mayor parte de los centros penitenciarios de esta Dirección General, tras lo cual le presentaremos un informe con nuestra opinión sobre la situación existente en el sistema y las propuestas de mejora que veamos más adecuadas.
La reunión comenzó con una exposición del Director General sobre la situación existente en este momento:
- Tras las recientes movilizaciones, se llegó a un acuerdo con los Sindicatos ampliando el pacto anterior hasta el año 2.013, según él con unos recortes pequeños, así como el endurecimiento de la productividad ligada al absentismo. Comentó que la fiscalía había abierto diligencias penales a varios compañeros de la prisión Modelo por el cierre de esta en las últimas movilizaciones.
- Que de los interinos que había contratados (unos 700) el 70% estaban dedicados al tratamiento, 400 de los que quedaban contratados se les había reducido un 15% del sueldo y del horario, por dificultades económicas. Reconoció que existía una ratio funcionario interno muy alta en tratamiento y mucho más baja en otras áreas.
- Que la institución había sufrido en los últimos años un aumento de 500 presos anuales y había sido imposible aumentar en esa misma proporción los medios materiales y humanos.
- Se está empezando a llevar a cabo una política que habilite a la administración a expulsar internos extranjeros, en lo que va de año 220 y se piensa llegar a la cantidad de 400 anuales, con medidas tales como adelantamiento del tercer grado y aplicación de la circular de libertad condicional.
- Ahora mismo hay una prisión terminada, que es Puig de les Basses y otra casi acabada que es Mas D´enric. Ninguna de la dos está en condiciones de abrirse, y en ambos casos se ha utilizado el sistema de “Derecho de Superficie” para su construcción del que hablaremos más adelante.
- El terreno de la zona franca que en teoría suponía el cierre de la modelo, cuesta en este momento, en torno a 1.500.000 € al año. Sin embargo este terreno es pequeño para este fin, y en principio se iba a entregar “la Modelo” y “Trinidad” a cambio del C.P. de zona franca y el ayuntamiento no ofrecía nada a cambio. Posteriormente se han planteado mantener la Trinidad como centro abierto aunque existe el problema de que se ha derruido la mitad en el año 2009 (valla perimetral). También se plantea la opción de pagar 2.000.000 € por el arreglo de “la Modelo”, ya que si bien es consciente de que este centro tiene 1.800 internos, en estos momentos es el más sencillo y barato de mantener.
- Finalmente, nos comentó que la prisión de Tàrrega ya estaba adjudicada y que tendrían que hacerse cargo, de una indemnización estipulada en el contrato por no llevar acabo la obra de 15.000.000 €.
Mención separada merece el sistema de construcción de prisiones en esta Administración y que se denomina, según el Director General, Derecho de Superficie. Consiste en que la empresa adjudicataria construye y mantiene el Centro Penitenciario y la Administración paga a la empresa cuotas durante treinta años; es decir, una especie de hipoteca sobre instalaciones públicas. Esta situación provoca que estas “cuotas” se paguen a través del capítulo II de los Presupuestos de la Dirección General y que las mismas se vayan incrementado en función de los Centros que se inauguran. En este momento la cuantía asciende a más de 50 millones de euros por este concepto. Este sistema lo que provoca es una encarecimiento en más del triple del coste de la prisión y la asunción de unas cuotas que van a lastrar de forma absoluta el presupuesto de la Administración Penitenciaria. Por eso, desde Acaip le indicamos que este sistema es una absoluta barbaridad porque dilata en el tiempo las obligaciones financieras, en lugar de construir con los medios económicos que se disponga en cada momento
Le hicimos saber con claridad que nosotros entendemos la austeridad en las Administraciones Públicas como un ejercicio de gestión económica adecuada y, en ningún caso, puede suponer, como está ocurriendo en estos momentos, una reducción de los salarios y de los derechos de los empleados públicos penitenciarios. Es evidente, que existen muchas medidas de ahorro que van por un camino diferente: sistemas de compras centralizadas, eliminación de caterin en los Centros volviendo a un sistema de cocina tradicional, eliminación de intermediación en las actividades de los Centros, reducción de los gastos superfluos que no afecten a la dignidad de los internos, restructuración de los gastos en tratamiento y salidas programadas o sistemas de ahorro energético por citar alguna de ellas.
En este sentido nos indicó que se habían adoptado medidas como quitar la prensa escrita de los centros penitenciarios, el pago de los estudios universitarios a los internos por parte de la administración, las prestaciones odontológicas y la reducción de salidas programadas.
En relación con los caterin completos se manifestó a favor de los mismos, pero entendía que eran muy caros de mantener. Por ello, nos informó que se iba a aplicar en la prisión de Lérida la adjudicación de la cocina por parte del CIRE y la eliminación del caterin, como prueba para futuros centros; el CIRE actuaría como empresa y pagaría un salario a las personas que trabajasen en este cometido.
En otro orden de cosas, le preguntamos por la aplicación retroactiva que se estaba realizando en algunos centros de la norma según la cual en caso de baja médica se descuentan días de compensación de festivos. Esta norma entra en vigor en Febrero y se está aplicando desde el mes de enero e incluso diciembre del año anterior. Nos indicó que no sabía nada del asunto y le solicitamos que lo preguntase, ofreciéndole documentación que demostraba esta situación.
También le preguntamos por la contratación de los trabajadores que habían aprobado en la JU26, contestándonos que estaban contratados todos salvo 40 o 50 que se contratarían en breve. Que la Administración Penitenciaria decidió ir adjudicando puestos de trabajo a estos compañeros reduciendo a su vez el número de interinos, situación que le había dolido especialmente el haber tenido que despedir a interinos que llevaban hasta 20 años trabajando, pero que entendía que era más lógico que estuviesen trabajando los funcionarios que habían aprobado la oposición.
Sin más quedando a vuestra disposición.
