Los funcionarios se movilizarán si se privatiza la seguridad de las prisiones españolas

J. PAGOLA

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, considera que si el Ministerio del Interior confirma la privatización de la vigilancia interna en las cárceles, habrá traspasado unas «líneas rojas» que «no vamos a consentir» porque se pone en riesgo la seguridad. Y, en ese caso, anuncia «movilizaciones».

Este sindicato de funcionarios responde así a la intervención que el pasado 28 de junio realizó en la Comisión del Congreso el secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Ulloa. Una intervención en la que se refirió a la seguridad en las prisiones dentro de un contexto de crisis económica. «No queda más remedio -dijo- que buscar alternativas, la alternativa de la seguridad privada». «Evidentemente, si necesitamos 1.800 funcionarios de Instituciones Penitenciarias y no vamos a tener copnvocatorias, no sé cómo podemos entonces abrir nuevos centros».

Propuesta de soluciones

En un escrito remitido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Acaip considera las declaraciones en sede parlamentaria de Ulloa como «absolutamente desafortunadas, técnicamente equivocadas y demuestran, en nuestra opinión, un profundo desconocimiento de la institución penitenciaria». Los funcionarios admiten que existe «una gran necesidad de personal» porque desde hace dos años no hay oferta de empleo público y por la «apertura indiscriminada de centros». Y consideran que «esta pésima gestión de personal e infraestructuras es heredada del equipo anterior». Pero por ello, estiman, no deja de ser urgente una solución.

En el escrito, los funcionarios describen una serie de motivos por los que no se debe utilizar seguridad privada en los centros. Primero, dicen, porque por ley la seguridad corresponde a los funcionarios. Además, recuerdan, los puestos de trabajo en las prisiones «no son compartimentos estancos, están conexionados y en caso de incidentes colectivos, todos los funcionarios participamos en la solución…». Su trabajo, por tanto, requiere de una especialización. Además, la seguridad privada resultaría más cara, lo que se contradice con la necesidad de ajustar presupuestos.

Como solución, proponen que se contraten funcionarios interinos si en estos momentos se hace imposible la oferta de empleo público. «Desde este sindicato -concluye Acaip el escrito remitido al ministro del Interior- le queremos dejar claro que nos encontramos ante una propuesta que es absolutamente inaceptable, que marca una clara línea roja porque desnaturaliza y privatiza» cuestiones tan importantes como «el principio de reinserción social constitucionalmente consagrado», o «abre la veda al negocio de la seguridad privada en un ámbito tan delicado como el penitenciario».

Fuente: abc.es

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El sindicato CSIF anuncia movilizaciones si Interior sustituye funcionarios de prisiones por seguridad privada

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) –

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de Instituciones Penitenciarias, ha advertido este miércoles al Ministerio del Interior que convocará movilizaciones si sigue adelante con su pretensión de sustituir a funcionarios de prisiones por vigilantes de empresas privadas.

Responsables de los sindicatos representativos en Instituciones Penitenciarias mantendrán mañana una reunión para “estudiar posibles medidas de presión” ante esta medida que, según CSI-F, “contraviene” la Ley Orgánica General Penitenciaria (artículo 80), el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 9.2) y el Reglamento Penitenciario (artículo 64).

En un comunicado, el sindicato explica que estas normas establecen, entre otros aspectos, que los funcionarios penitenciarios son los encargados de ejercer las funciones de la seguridad interior de las cárceles, que los funcionarios penitenciarios deben tener la condición de funcionarios públicos y que, en todo caso, para el ejercicio de estas funciones, las prisiones deben contar con el personal necesario y debidamente cualificado.

CSI-F considera que la medida que baraja Interior afectará a la seguridad de los centros porque los vigilantes de seguridad carecen de la formación técnica necesaria y situaciones de emergencia, como fugas o incidentes, no tendrían la capacidad operativa para actuar. Asimismo, este personal tampoco estaría capacitado legalmente para utilizar en estos casos los medios coercitivos que contempla la Ley.

Este sindicato señala además que la sustitución de funcionarios de prisiones por seguridad privada no solo no supondrá una reducción del gasto, sino que puede incrementar los costes del servicio, al tiempo que cree que pueden existir intereses económicos. En términos de empleo, recuerda que durante dos años no se ha producido una oferta pública de empleo en prisiones, “lo que ha provocado la infrautilización de algunos centros” y “un déficit de personal estimado en 2.000 funcionarios”.

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