La abogacía española pide un estatuto jurídico para las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual en prisión

La Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en colaboración con Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), inauguró este jueves en Madrid una jornada para abordar la situación de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual en las cárceles, un encuentro en el que reclamaron un estatuto jurídico específico para este colectivo.

La iniciativa, que se enmarca en la III Jornada del ‘Ciclo Crisis Económica y Derechos Humanos’, tiene como objetivo visibilizar la situación de este colectivo y dar a conocer la carencia de recursos adecuados en su tratamiento penitenciario.

La jornada, titulada ‘La enfermedad mental y la discapacidad intelectual frente al delito y las instituciones penitenciarias’, fue inaugurada por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y su Fundación; Mariano Casado, miembro del Comité Ejecutivo del Cermi y vicepresidente de Feaps (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), y Beatriz Rabadán, de Fundación ONCE.

Según los impulsores del encuentro, existe una enorme carencia de recursos adecuados y normalizados en el tratamiento penitenciario de las personas con enfermedad mental y de las personas con discapacidad intelectual que han cometido algún delito.

En este sentido, dieron a conocer algunos de los datos que recoge el conocido como Informe Preca, ‘Informe de prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios españoles’. Según dicho informe, la prevalencia de enfermedad mental en población reclusa es alrededor de 5 veces más alta que entre la población general. Además, se calcula que hay unos 3.000 enfermos con trastornos psicóticos en las cárceles españolas, esto es el 4% de los presos.

Según el estudio, en un mes cualquiera, aproximadamente un 41% de los presos sufren algún tipo de trastorno mental. En ese mismo período, aproximadamente un 17% lo padece como consecuencia del consumo de drogas.

A todo ello, se suma el hecho de que las personas encarceladas tienen entre 4 y 6 veces más probabilidad de padecer un trastorno psicótico o depresión grave que la población general. Con estos datos, todos ellos coincidieron en subrayar la necesidad de desarrollar medidas alternativas para abordar adecuadamente este problema. “Es una necesidad social de primer orden en nuestro país”.

En la inauguración, Carlos Carnicer reclamó un estatuto jurídico específico para las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual en prisión. A su juicio, gran parte de los encarcelamientos podrían evitarse si se potenciaran medidas alternativas y tratamientos adecuados. “Ese estatuto permitirá mejorar la asistencia jurídica integral que se presta a estas personas”, aseveró.

Por su parte, Mariano Casado agradeció en nombre del Cermi el apoyo del Consejo y su Fundación a todo lo que tiene ver con la discapacidad y recalcó la importancia de la formación de todos los operadores jurídicos a la hora de abordar la situación de una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

Según dijo, en la actualidad el sistema fracasa en el ámbito penal como demuestra el hecho de que hasta un 70% de las personas con discapacidad intelectual que cumplen penas no han sido reconocidas como tales en el proceso penal.

“Se necesita formación y más instrumentos que permitan saber y entender qué es una persona con estas características”. “Por eso estas jornadas son efectivas”, dijo. Casado pidió también la participación de los colegios de abogados y mayor colaboración entre las comunidades autónomas.

Por último, Beatriz Rabadán recordó el convenio que Fundación ONCE mantiene con el CERMI y el CGAE para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y subrayó la necesidad de abordar la situación penitenciaria de este colectivo desde la prevención, con asistencia socio-sanitaria. “Son necesarias medidas preventivas, de formación y promoción de la accesibilidad, y también herramientas para la detección de abusos”, advirtió.

Además, incidió en la importancia de “desterrar el estigma” que relaciona enfermedad mental y delito. “Hay que combatir este estigma con información, formación y concienciación, concluyó.

MEDIDAS ALTERNATIVAS

De acuerdo al ordenamiento jurídico español, la discapacidad puede determinar la necesidad de aplicar medidas alternativas a las de entrada en prisión, cuyo objetivo es permitir al detenido incorporarse a un proceso de rehabilitación social adecuado a su situación.

Para ello, se establecen las medidas de seguridad, privativas y no privativas de libertad, que mediante resolución judicial pueden ser atribuidas al sujeto cuando concurran las circunstancias legalmente previstas.

No obstante, según señalan los expertos, existen algunas dificultades de aplicación de este régimen que ocasiona importantes disfuncionalidades y situaciones inapropiadas en perjuicio de las personas con discapacidad. En este sentido, y para garantizar un proceso adecuado y garantista, se han identificado determinadas cuestiones de especial trascendencia.

En primer lugar, recalcan que es necesario mejorar la formación y sensibilización de jueces, abogados y fiscales; que los abogados de oficio de los servicios de orientación penitenciaria conozcan específicamente el problema de la salud mental y la discapacidad intelectual, y que éstos presten una mayor atención a este tipo de casos durante los procedimientos.

Los expertos trabajan actualmente en la elaboración de un ‘protocolo de derivación’, una fórmula para evitar encarcelamientos psiquiátricos innecesarios, aliviar la sobreocupación, mantener en la calle de forma controlada a quienes no deben estar recluidos y evitar errores judiciales al valorar conductas infractoras cometidas por enfermos mentales.

Por su parte, el movimiento asociativo de la discapacidad reclama la atención especializada desde un enfoque asistencial comunitario que garantice los derechos de estas personas gravemente vulnerados en el sistema actual. “La falta de medidas adecuadas para la rehabilitación social de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual perjudica su integridad física y moral”, advierten.

“Además, la falta de atención adecuada a los presos que manifiestan algún tipo de trastorno mental y la escasa capacidad de los hospitales psiquiátricos penitenciarios son cuestiones que nos alarman”, concluyen.

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