Interior confirma la intención de sustituir funcionarios de prisiones por seguridad privada

El número dos de Interior cree que es necesario abrir nuevos centros

CADENA SER 28-06-2012

Actualmente la población reclusa es de 67.000 personas y, según ha explicado el Secretario de Estado de Seguridad, hay capacidad para llegar hasta los 80.000

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El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha expresado la intención de Interior de sustituir con seguridad privada la falta de funcionarios en los centros penitenciarios. Según el número dos de Interior es necesario abrir nuevos centros, con la oferta de empleo público congelado, y cuestiona que la labor del personal de las cárceles la pueda hacer “un ciudadano con la mínima formación” y liberar así a un funcionario de prisiones. “Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada”, ha dicho Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

Actualmente la población reclusa es de 67.000 personas y, según ha explicado, hay capacidad para llegar hasta los 80.000. La Secretaria de Estado revisará el plan de infraestructuras de Instituciones Penitenciarias y mantiene que sustituir a funcionarios públicos por personal de seguridad privada no es privatizar.

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El Congreso da luz verde a que agentes privados puedan vigilar en las cárceles

La proposición no de ley pide que se permita el trabajo de agentes privados de seguridad en labores de vigilancia del exterior de las cárceles.

PILAR VELASCO 29-05-2012

La propuesta ha contado con el rechazo de Psoe e Izquierda Unida que lo consideran un paso hacia la privatización de este tipo de labores.

La comisión de Interior del Congreso ha aprobado la posibilidad de que agentes privados realicen labores de vigilancia en el perímetro exterior de las cárceles bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la comunidad autónoma que tenga las competencias.

La iniciativa ha sido de Convergencia i Unió con el propósito de incentivar la colaboración con el ámbito privado en un momento de fuertes restricciones en la contratación de personal de la administración. Psoe e IU han rechazado la propuesta al considerar que supondría un paso hacia la privatización. José Zaragoza, diputado socialista y miembro de la comisión, señala que “privatizar la vigilancia de las prisiones – un lugar muy peligroso, donde hay una actividad de riesgo para los ciudadanos – requiere gente preparada y formada que pueda colaborar y hacer su trabajo. Con esta propuesta lo único que se hace es plantear negocio privado a las empresas de seguridad privadas y un perjuicio al servicio público, no se puede comparar la formación de un vigilante privado con la de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Según Zaragoza, “estas propuestas pueden tener dos motivaciones: economía de recursos o mejorar la gestión, ambos motivos no se dan, todo lo contrario”.

Miembros del Partido Popular, entre ellos el diputado Conrado Escobar, han señalado que la medida supondría modificar la legislación actual, enmarcado dentro de la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada.

cadenaser.com

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