TSJC avala el despido de un funcionario por llevar droga y móviles a presos

01-09-2012 / 12:10 h EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado el despido un funcionario de prisiones que cobraba por llevar ilegalmente móviles y droga a reclusos del centro penitenciario Quatre Camins de La Roca del Vallès (Barcelona).

En la sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC desestima el recurso presentado por el funcionario, Raúl F., contra dos resoluciones del Departamento de Justicia por las que en 2008 fue apartado del servicio por falta muy grave y, un año más tarde, perdió su condición de funcionario.

Raúl F. fue sancionado por introducir ilegalmente en prisión un teléfono móvil, un cargador y cierta cantidad de heroína, que fueron encontrados en el interior de una celda ocupada por dos reclusos en el centro penitenciario Quatre Camins.

El tribunal considera que los hechos que se imputan al funcionario están probados, a partir de las declaraciones de trece internos de distintos módulos de Quatre Camins que señalaron a Raúl F. como uno de los responsables de la introducción de sustancias y objetos prohibidos en el centro penitenciario.

De esas declaraciones se desprende, según el TSJC, que a cambio de dinero el funcionario hizo de enlace entre los reclusos y personas del exterior que querían hacerles llegar droga y objetos prohibidos.

La investigación se inició al descubrirse que varios internos de Quatre Camins tenían anotado el teléfono móvil del funcionario sancionado.

Posteriormente, se encontraron los objetos prohibidos en una celda ocupada por dos internos, uno de los cuales inculpó al funcionario en su declaración, testimonio que el tribunal considera “coherente con el resto de las pruebas indirectas acreditadas en autos y por ello creíble”.

En opinión del Tribunal Superior de Justicia, los hechos que se dan por probados “adquieren la suficiente entidad como para considerarlos constitutivos de una falta muy grave, pues han podido comportar serias consecuencias para la seguridad del centro penitenciario y además para la seguridad y salud de los internos”.

“A lo que hay que añadir que la violación de las normas de seguridad interior del centro se ha llevado a cabo por un funcionario encargado directamente de la custodia de los internos”, añade el tribunal, que cree proporcionada la graduación de la sanción impuesta.

abc.es

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