Los ex escoltas de políticos y jueces llegarán en 2013 a las cárceles. Irán sustituyendo progresivamente a policías y guardias civiles

La llegada de los ex escoltas privados de políticos y jueces a las cárceles españolas traerá consigo la salida progresiva de los policías y guardias civiles que trabajan en las prisiones. El Ministerio del Interior empezará a aplicar el plan de reestructuración en el primer trimestre de 2013.

Según ha sabido El Confidencial Digital, las asociaciones de Policía y Guardia Civil ya han sido advertidas, por parte del organismo que dirige Jorge Fernández Díaz, de las intenciones del Gobierno, que quiere instaurar en las cárceles un sistema similar de vigilancia al que existe en los aeropuertos.

En concreto, según fuentes bien situadas en la Benemérita, “la intención de Interior es mantener a un número muy pequeño de guardias civiles para una serie de controles específicos, mientras que las labores de vigilancia habitual pasarán a manos de los agentes de seguridad privada”.

De hecho, “la idea es que estén desde después del verano ya trabajando en las cárceles y que aprendan todo lo necesario durante los próximos cuatro meses, con el objetivo de ir sustituyendo de forma paulatina a los policías y guardias civiles”.

Empezarán trabajando en labores de vigilancia exterior

Tal y como se adelantó en estas páginas, los ex escoltas de País Vasco y Navarra empezarán a llegar a las cárceles españolas a partir de octube, y tendrán como función principal la vigilancia exterior de las prisiones.

En concreto, y según las fuentes consultadas por ECD, el proyecto que prepara Interior contempla la introducción de personal de seguridad privada en tres tipos de puestos: control de circuitos cerrados de vigilancia (cámaras de seguridad), garitas y control de acceso a las prisiones.

Todo empezó con una propuesta de CiU

La llegada del nuevo personal a las cárceles españolas comenzó a gestarse como una proposición no de Ley presentada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados por CIU en febrero y fue definitivamente aprobada el 29 de mayo.

En la resolución, se instaba al Gobierno a la modificación de la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, para que, en relación con las prisiones, “efectivos de la Seguridad privada puedan sustituir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y Autonómicas que tengan atribuidas las competencias de vigilancia”.

El ministerio del Interior, que en un principio habló de la posibilidad de mantener a policías y guardias civiles, apuesta ahora por la salida de la práctica totalidad de los agentes de Policía y por una drástica reducción de efectivos de la Benemérita.

Desde el punto de vista de los agentes de la Policía, la medida afectará a 200 profesionales destinados en nueve centros penitenciarios repartidos por toda España.

elconfidencialdigital.com

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