La cárcel de El Catllar no funciona pero cuesta cada mes 1,5 millones

En su comparecencia ayer en el Parlament, el conseller Gordó no anunció cuándo se abrirá la nueva prisión de Mas d’Enric. La Generalitat paga el canon a la constructora, el mantenimiento y la vigilancia

ÀNGEL JUANPERE | 21/02/2013 09:36

El nuevo centro penitenciario de Mas d’Enric, en el término municipal de El Catllar, cuesta a las arcas públicas un millón y medio de euros al mes, a pesar de no estar todavía en funcionamiento. La prisión, con capacidad para 750 internos, está terminada desde el verano pasado. En junio de 2012, la empresa constructora hizo el traspaso oficial a la Generalitat. A partir de aquel momento es la Administración autonómica la que se tiene que hacer cargo del mantenimiento y de pagar el canon mensual a la empresa que se encargó de la construcción –lo que se conoce como el sistema alemán–.

La puesta en marcha de la prisión de El Catllar es todavía una incógnita, aunque todo indica que ante la actual coyuntura económica la cosa va para largo. Ayer, en su comparecencia ante la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, el conseller Germà Gordó se refirió a las prisiones de Mas d’Enric y Puig de les Basses, en Figueres. Dijo que el objetivo es abrirlas durante la presente legislatura, y que todo dependerá del presupuesto para que entren en funcionamiento. Como curiosidad, la piscina está llena de agua porque, en caso contrario, se agrietaría.

El incremento de la población reclusa experimentado a finales del siglo pasado y a principios de éste se ha visto frenado, según el Departament de Justícia de la Generalitat. Actualmente, el sistema penitenciario catalán cuenta con 11.031 plazas, mientras que el número de reclusos asciende a 10.015, cuando las previsiones apuntaban para el año pasado a 12.000.

Este margen de mil plazas se vería incrementado en unas 1.500 si finalmente se abren los centros penitenciarios construidos, con una capacidad para 750 internos cada uno.

La nueva prisión de Figueres –que tiene que asumir los presos procedentes de la actual cárcel y de la de Girona, con un total de 350 internos– está terminada desde hace dos años. Por fechas, ésta se tendría que abrir antes que la de Mas d’Enric, en El Catllar.

Mientras, en la actual prisión de Tarragona, los presos se hacinan en las celdas. Diseñada para acoger a 250 internos, durante el pasado verano llegó a albergar hasta 440 –actualmente la cifra está en unos 400–.

Además del coste de poner en marcha la instalación, uno de los escollos con que se encuentra la administración autonómica es que para entrar en funcionamiento se tiene que contratar más personal. El número de funcionarios destinados a la actual cárcel tarraconense es insuficiente para atender la de El Catllar. Hay unos 70, cuando para abrir el nuevo centro penitenciario se necesitarán entre 300 y 400.

La construcción de una red de saneamiento, como exige El Catllar para dar el permiso de apertura, no son las únicas obras que faltan. Desde octubre de 2011 está aprobado el plan para la construcción de una tubería que tiene que llevar el agua potable desde la urbanización Boscos de Tarragona hasta la prisión. El tubo tiene aproximadamente un kilómetro y medio de longitud. Sin embargo, tendrá que cruzar tanto la autovía A-7 como la autopista AP-7. Pero la obra todavía no ha empezado, a pesar de que desde hace año y medio tiene el visto bueno de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona. Durante la construcción de la prisión se hizo una tubería provisional con agua procedente de los pozos de El Catllar.

El acceso

Otra obra –aunque algunos no la califican como imprescindible para poder abrir la prisión– es la mejora del actual camino que conecta Mas d’Enric con la carretera TP-2031 –de Tarragona a Santes Creus–. Se trata de una vía utilizada por los vecinos de las urbanizaciones de la zona pero que, en el caso de abrir la prisión, tendría que soportar un incremento notable del tráfico. Además, está prevista la construcción de una rotonda en el cruce de la TP-2031.

El conseller de Justicia anunció durante su comparecencia que se trabajará, además de para la puesta en servicio de los centros penitenciarios Puig de les Basses y Mas d’Enric, para el desmantelamiento progresivo de la prisión de hombres de Barcelona, la Modelo. Se trata de «hacer realidad los compromisos de la Administración con la ciudadanía», defendió Gordó. El titular de Justicia avanzó que ya está en marcha la redacción de un nuevo plan de equipamientos penitenciarios que concretará la evolución de los objetivos en este ámbito, teniendo en cuenta las proyecciones de la población reclusa y la disponibilidad presupuestaria. El plan será para el periodo 2013-2020 y se prevé que se presente oficialmente una vez se conozcan los presupuestos de la Generalitat para este año.

diaridetarragona.com

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