Europa denuncia que la cárcel Modelo tiene celdas «infestadas de cucarachas»

El informe de un Comité del Consejo de Estado que se publicará hoy constató en 2011 la situación «deplorable» de la prisión catalana.

HASTA SEIS RECLUSOS EN DIEZ METROS CUADRADOS. Sobre la visita a la prisión en 2011, el informe apunta que, debido a la masificación permanente, hay hasta seis internos «que compartían apretujados el espacio de celdas de 10 metros cuadrados»

HASTA SEIS RECLUSOS EN DIEZ METROS CUADRADOS. Sobre la visita a la prisión en 2011, el informe apunta que, debido a la masificación permanente, hay hasta seis internos «que compartían apretujados el espacio de celdas de 10 metros cuadrados»

30 de abril de 2013. 01:29h

F. Velasco. Madrid.

El Consejo de Europa, a través del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), ya advirtió en el año 2007 de la grave situación en la que se encontraba la emblemática cárcel Modelo de Barcelona, por lo que instó a que se adoptaran medidas que derivasen en un cambio radical en cuanto a hacinamiento, la situación en que se encuentran los presos, etc. Dadas las graves deficiencias detectadas, el citado Comité decidió realizar una nueva visita a esas instalaciones en 2011, dentro de las cursadas a otras dependientes de la Administración central. Y, dadas las conclusiones a las que ha llegado, parece bien claro que la Generalitat de Cataluña –la única comunidad que tiene transferidas las competencias en materias penitenciarias– no ha cumplido con esos deberes. Ni mucho menos.

De hecho, el informe que hoy presentará el CPT del Consejo de Europa, junto con las alegaciones del Gobierno, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN, describe la situación de la Modelo, en el momento de realizar el dictamen, como más que preocupante y que afecta claramente a los derechos fundamentales de los internos. Así, en primer lugar, se pone de manifiesto cómo ese centro penitenciario, en el momento de la visita de 2011, seguía padeciendo graves problemas de superpoblación, «al alojar a 1.850 presos frente a una capacidad oficial para 1.100 personas», por lo que las oportunidades de participar en actividades con fines concretos por parte de los internos «eran muy limitadas».

A diferencia de las otras prisiones catalanas visitadas, como las de Joves y Lledoners, en las que las condiciones materiales eran «muy buenas», la cárcel de La Modelo se encontraba «en un estado deplorable, que se agravaba todavía más debido a la masificación permanente, habiendo hasta 6 internos que compartían apretujados el espacio de celdas de 10 metros cuadrados». Además, la situación de esas celdas no era, precisamente, la más óptima para albergar a reclusos. La descripción no puede ser más gráfica: «Muchas de las celdas estaban sucias e infestadas de cucarachas y la ventilación y la iluminación eran casi siempre escasas». Estos hechos no son nuevos, ya que, de acuerdo con el informe aludido, el Comité en cuestión del Consejo de Europa viene denunciando esta triste realidad desde abril de 1994, es decir, hace ni más ni menos que 19 años. Desde entonces, ha reiterado en no pocas ocasiones que el hecho de privar a alguien de su libertad implica «la responsabilidad de mantener detenida a esa persona en condiciones que respeten la dignidad inherente al ser humano».

En lo que respecta a muchos internos de la Modelo, el CPT no duda en tildar de fracaso las gestiones realizadas para revertir esa dramática situación: «Las autoridades han fracasado a la hora de cumplir con la responsabilidad de ofrecer unas condiciones decentes durante la detención de una persona». Y el mensaje a la Generalitat es claro al respecto, al concluir que «ha llegado el momento de tomar medidas concretas para remediar esa situación», situando como prioridad absoluta reducir el nivel de masificación que existe.

Garantías en la incomunicación

Por otro lado, el CPT dedica también una gran parte de su informe, al margen de la situación de los presos y de los centros penitenciarios, a todo lo relacionado desde que una persona es detenida por las Fuerzas de Seguridad, su paso por dependencias policiales, asistencia médica y jurídica y, en su caso, traslado a prisión.

Sobre la primera de esas cuestiones, el citado comité del Consejo de Europa alude de forma expresa a aquellos arrestados respecto a los cuales se decreta su incomunicación. Sobre este asunto, recomienda al Gobierno español que adopte tres salvaguardias específicas: la notificación a la familia en relación con el hecho de la detención y el paradero de la persona detenida; la posibilidad de ser visitada por un médico de su elección junto con el médico forense designado por el juez de instrucción; vigilancia por vídeo 24 horas y grabación de las áreas de detención.

Sobre la incomunicación, el Gobierno español hace ver al Comité que la ley española establece que se comunicará a la persona que designe el arrestado ese hecho y el lugar donde se encuentra. Además, España cuenta con «un régimen sumamente garantista, en el que existe un continuo control judicial.

Sujeción, última medida

El Comité pide a España que revise «determinados aspectos» relacionados con la inmovilización que, a veces, se practica con determinados presos. La respuesta del Gobierno destaca que la realidad de la vida en las cárceles hace que, en ocasiones, sea necesario proceder a la inmovilización mecánica de un interno durante un tiempo determinado, «excepcionalmente y con estricto cumplimiento de las garantías jurídicas exigidas tanto en su aplicación como en su supervisión». Es un último recurso ante una situación «complicada» pero respetuoso con el interno. «Su utilización se rige por los principios de necesidad, proporcionalidad, respeto a la dignidad del interno y a los derechos fundamentales».

larazon.es

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