Seis centros penitenciarios sin estrenar están cerrados por falta de dinero

El Gobierno y la Generalitat pagan por mantener prisiones que no pueden abrir

REYES RINCÓN Madrid 22 JUN 2014 – 14:12 CET36

Vista general de la prisión Puig de les Basses, en Figueres, terminada desde hace tres años y cuya apertura está prevista para las próximas semanas. / PERE DURAN

El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña tienen seis establecimientos penitenciarios terminados hace meses, algunos más de un año, y que no abren por falta de plantilla. Los recortes presupuestarios han desbaratado el mapa de prisiones que diseñó el PSOE y han dejado un goteo de obras suspendidas, otras que se alargan en el tiempo y unas cuantas, hasta seis, terminadas y cerradas. La asfixia económica limita la capacidad del Ministerio del Interior y del Ejecutivo catalán (que tiene transferidas las competencias penitenciarias) para hacer las obras al ritmo previsto, pero el problema más grave es de recursos humanos: la tasa de reposición del 10% en el empleo público impide ampliar la plantilla y sin funcionarios no pueden abrir los nuevos centros.

Mantener cerradas las instalaciones, en las que se han invertido más de 1.100 millones de euros, no sale gratis. Más de un año lleva sin uso la cárcel de Archidona (Málaga), un recinto con 1.008 celdas, que se terminó en marzo de 2013 y a la que Instituciones Penitenciarias destinó 117 millones de euros. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios ha adjudicado el 10 de abril la vigilancia y el mantenimiento del centro a la empresa Vías y Construcciones S. A. La empresa adjudicataria recibirá hasta 3,27 millones de euros por garantizar la seguridad del complejo y velar por que, hasta que abra, funcionen todas las instalaciones, desde los ascensores a las calderas, los sistemas de comunicación y las puertas automatizadas. El contrato es prorrogable por dos años lo que lleva a pensar que Interior contempla que esta situación puede alargarse hasta 2016.

En las instalaciones vacías se han invertido más de 1.100 millones

Algo parecido ocurre en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y en las unidades de madres de Alicante y de Tenerife, que suman una inversión superior a los 21 millones de euros. Interior planea abrir el primero en las próximas semanas, pero no ha puesto fecha para las unidades destinadas a acoger a presas con hijos pequeños y cuyas obras concluyeron hace más de un año. Su mantenimiento corre a cargo de la empresa que mantiene los CIS a los que están anexas. Instituciones Penitenciarias no concreta cuánto cuesta mantenerlas cerradas pero fuentes del centro alicantino cifran en 100.000 euros el dinero invertido el año pasado.

“Las prisiones son construcciones complejas. Sin uso, se deterioran”, advierte José Ramón López, presidente de Acaip, el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario. López recuerda el caso de Zuera (Zaragoza), que, enredada en un debate político, tardó cinco años en inaugurarse y cuando fue a abrir hubo que reparar parte del equipamiento. Es lo que pretende evitar Interior en Archidona. “Dice que mientras no haya plantilla para garantizar la seguridad no abre nada. Estamos de acuerdo, pero si quisieran hay opciones, como contratar interinos”, señala López.

Los últimos datos publicados, de enero de 2013, cifran en 1.560 las plazas vacantes en Instituciones Penitenciarias entre funcionarios (954), personal laboral (514) y de organismos autónomos (92), a las que habría que sumar las bajas del último año y medio. Los sindicatos consultados (Acaip, UGT, CC OO y CSIF) estiman en cerca de 2.000 las vacantes actuales. El Gobierno ha anunciado una oferta de empleo de 90 plazas. “Esa cifra no cubre ni las vacantes de un año y llevamos cuatro sin oferta de empleo”, advierte Jesús Otín, secretario de Prisiones de UGT. Instituciones Penitenciarias ha declinado valorar la situación y concretar cuándo prevé abrir estos centros.

Las constructoras cobran por cuidar de cárceles acabadas hace un año

La falta de recursos está también detrás del retraso en la apertura de las prisiones catalanas de Puig de les Basses, en Figueres, y Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona). La primera se terminó en el verano de 2011 y el Ejecutivo de Artur Mas prevé abrirla por fin en julio; el edificio de la segunda está acabado hace más de un año, pero la Generalitat tiene problemas para financiar el saneamiento, el agua potable y los accesos y no cuenta con inaugurarla antes de 2015. Y mientras abren y no, debe pagar más un millón de euros al mes a Ferrovial Agroman, adjudicataria de Figueres, y otro tanto a la agrupación Comsa Concesiones y Emte, que ha construido la de El Catllar.

El modelo catalán se basa en que una empresa se hace cargo de la obra y la Administración abona un canon como alquiler. En una carta remitida a los funcionarios de prisiones en enero de 2013, el anterior director general de los Servicios Penitenciarios, Ramón Parés, revela que la Generalitat tendrá que estar pagando hasta 2042 una deuda de 2.258 millones de euros por la construcción de las cinco prisiones proyectadas con este sistema: Brians 2, Joves, Lledoners, Puig de les Basses y Mas d’Enric. Es decir, cada una cuesta 451,6 millones de euros, cuatro veces más que una cárcel tipo en el resto de España (unos 110 millones).

Estos proyectos se aprobaron en el Gobierno de Pasqual Maragall, cuando la previsión apuntaba a un incremento de población reclusa. Pero esta, en vez de aumentar, ha caído (10.062 a finales de 2012 y 9.660 en mayo de este año) y el ejecutivo de Artur Mas acusa a su antecesor de diseñar un mapa sobredimensionado. Esa opinión la comparte el sindicato Acaip en Cataluña. “El tripartito abusó de la fórmula de gestión de derecho de superficie hipotecando los servicios penitenciarios por más de 30 años”, señala su portavoz, Francesc López, que lamenta que CIU intente, en parte, reducir la deuda con “recortes sobre la plantilla”.

Un proyecto estrella de aquel plan fue la cárcel de preventivos de Barcelona, que debía suponer el cierre de la vieja Modelo y para la que la Generalitat reservó unos terrenos en la Zona Franca. El Ejecutivo de Mas ha acabado renunciando a él, pero ha tenido que pagarle a las empresas adjudicatarias 4,9 millones de euros.

politica.elpais.com

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